El 22 de junio, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto de ley 693, que prohíbe el aborto en la isla después de las 22 semanas, con varias excepciones.

El proyecto se aprobó con 16 votos a favor, nueve en contra, una abstención y un ausente. El proyecto pasará ahora a la Cámara de Representantes, de ser aprobado en dicha cámara ahora solo quedaría pendiente la firma del gobernador de Puerto Rico.

El texto del artículo 2 de la legislación establece que «el Estado Libre Asociado de Puerto Rico declara que un profesional médico con licencia no llevará a cabo una interrupción del embarazo cuando el concebido se encuentre en la etapa gestacional de viabilidad, según se define en esta ley».

Dado que Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en 1973, seguía en vigor el día en que se aprobó el proyecto de ley, situación que ha cambiado ahora con la anulación de Roe el 24 de junio. El aborto ha sido legal en la isla durante todo el embarazo.

La senadora Joanne Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y la Familia del Senado de Puerto Rico, y que fuera la principal impulsora de este proyecto de ley, dijo:

«Aunque creo en la defensa de la vida desde la concepción, apoyo la Proposición de Ley 693 porque reconozco que el derecho a la intimidad de la mujer no es absoluto, sino que encuentra límites frente a otros derechos, como el derecho a la vida expresamente reconocido en nuestra Constitución».

Tras señalar que en algunos lugares de Puerto Rico se abortan bebés de hasta 24 semanas de gestación, Rodríguez dijo que el proyecto de ley contiene varias excepciones en las que se podría abortar: si la vida de la madre está en peligro; si el bebé tiene una discapacidad severa; si se diagnostica una anomalía fetal «incompatible» con la vida; o si el médico determina que el niño concebido de 22 semanas o más «no es viable, es decir, que no podría sobrevivir fuera del útero».