La audiencia de tutela de derechos, que solicitó la defensa del presidente Pedro Castillo, sirvió para mostrar elementos que sindican al presidente Pedro Castillo como cabecilla de una organización criminal, cuyas ramificaciones alcanzaban al Ministerio de Energía y Minas y el de Vivienda y Construcción y no solo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones como se creía inicialmente.

El fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, dijo que existirían hechos de corrupción en estos sectores que involucrarían al presidente Pedro Castillo y confirmó que hay testimonios que señalan la entrega de dinero al propio mandatario por parte de Karelim López y Zamir Villaverde.

«Además del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) existen atisbos que deben ser investigados en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Energía y Minas. Hay declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces señalando que Karelim López entregó dinero a Pedro Castillo», dijo el fiscal ante el juez Juan Checkley, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.