El Ejecutivo decidió desistirse de las demandas de inconstitucionalidad interpuestas por él mismo contra la ley que eliminó el régimen CAS y la que aprobó la negociación colectiva. La medida afecta severamente el presupuesto público; sin embargo, el Ejecutivo indica al respecto que la implementación de las dos normas “se hará progresivamente, de acuerdo al presupuesto”. Con los 286 mil trabajadores en el régimen CAS, la ley implica un costo no presupuestado de S/3,600 millones al año.

De otro lado, la Ley 31188 que plantea un cambio en la negociación colectiva de las organizaciones sindicales de trabajadores estatales implicaría solicitudes sin límite de estos trabajadores, lo cual significaría un costo adicional que se estima en S/ 6,228 millones al año.

El premier Guido Bellido anunció que la decisión de retirar las demandas se toma luego de una reunión con centrales de trabajadores. “Hemos estado con las centrales obreras y el día miércoles estamos retirando la demanda del CAS”, dijo. El retiro de la demanda ya había sido anunciado por el ministro de Trabajo, Íber Maraví.