En abril de este año, Paige Casey, una enfermera católica que trabajó por más de tres años y medio para MinuteClinic Diagnostic de Virginia (Estados Unidos), parte de la cadena de farmacias CVS, fue despedida. Días antes Casey había recibido un aumento de sueldo por su excelente desempeño laboral.

El despido se debió a que Paige como buena católica se negó a vender sustancias abortivas a sus clientes, para ello presentó una objeción de conciencia escrita expresando su negativa a administrar o prescribir medicamentos abortivos a sus pacientes.

La organización de defensa legal cristiana Alliance Defending Freedom (ADF), que representa a Casey, presentó una demanda contra MinuteClinic ante el Tribunal de Circuito del Condado de Prince William, Virginia.

ADF subrayó en la demanda que este “despido injustificado” está violando “las disposiciones expresas y la política pública de la Cláusula de Conciencia del Código de Virginia”.

Esta cláusula protege la libertad de conciencia de los ciudadanos del estado Virginia, en especial del personal de salud, pues los exime de la obligación de participar en procedimientos que resulten en abortos si se niegan por escrito a hacerlo por motivos personales, éticos, morales o religiosos.