Hace unos días Joe Biden firmó una orden ejecutiva con la que intenta contrarrestar la derogación de la sentencia Roe por parte de la Corte Suprema de EE.UU. Para justificar dicha orden el presidente utilizó el caso de una niña de 10 años violada en Ohio y que para poder abortar habría tenido que viajar a Indiana, pero la Fiscalía de Ohio asegura que no tiene ninguna denuncia al respecto.

Cómo ya es común en los promotores del asesinato de bebés, Joe Biden apeló a un caso extremo pretendiendo con este justificar la orden ejecutiva con que intenta limitar el alcance de la reciente sentencia de la Corte que devuelve a los estados la capacidad de legislar en defensa de la vida.

«Esto no es un horror imaginario. Ya está sucediendo. Apenas la semana pasada, se informó que una niña de 10 años fue víctima de violación, 10 años, y se vio obligada a viajar fuera del estado a Indiana para intentar interrumpir el embarazo y tal vez salvar su vida», dijo Biden.

Por su parte el fiscal de Ohio Dave Yost asegura que su personal no pudo encontrar ni un solo informe policial ni pruebas de laboratorio al respecto. Según la ley de Ohio, cualquier caso de este tipo debe informarse a la policía y le correspondería a la Oficina del Fiscal General recabar las pruebas de ADN. 

«Mi oficina dirige el laboratorio estatal de criminalística. Cualquier caso como este, vas a tener un kit para temas de violación, vas a tener evidencia biológica y estarías buscando ADN. No hay ninguna solicitud de análisis de caso que se parezca a esto», dijo el fiscal.

La ley de Indiana (donde presuntamente viajó la menor) también requiere que profesionales médicos como la obstetra que acusa haber recibido a la niña informen tales casos. Pero la especialista Caitlan Bernard, la única fuente citada, dijo que había sido alertada del caso de la menor embarazada. Según ella, fue informada por un «médico de abuso infantil» y ninguno de los dos presentó una denuncia.