El Tren Maya fue desde un inicio el gran proyecto de la administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un proyecto de una línea ferroviaria de México para el transporte de pasajeros y carga a través de la Península de Yucatán como parte de la expansión de la red nacional ferroviaria. Este proyecto cruza por una gran cantidad de selva en la que se encuentra una gran diversidad de flora y fauna.

Hace unos días un juez primero de distrito del estado de Yucatán, resolvió detener de manera indefinida el tramo que va de Playa del Carmen a Tulum, en la Riviera Maya, por no cumplir con “el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que debió obtenerse antes del inicio de las obras”.

El presidente fiel a su estilo de burlarse de todas las determinaciones legales con tal de cumplir sus caprichos ordenó que se declarara como asunto de ´seguridad nacional´ la construcción del tren. Su justificación fue que la suspensión del proyecto representaba “un alto costo al presupuesto”.

Cabe recordar que el mismo López canceló previamente la construcción del que sería el nuevo Aeropuerto Internacional y que había iniciado la administración anterior. Para esa cancelación al presidente no le importó la inversión realizada hasta el momento, solo le interesaba su capricho y el odio a su antecesor.

De esta manera, las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación ordenaron el reinicio de las obras sin importar el impacto ambiental que pueda causar la consecución de la obra.

“Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de seudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo”, dijo López Obrador. 

El mandatario agregó que la suspensión provisional de la obra “estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo”, por lo que su Administración no aceptaría que “los intereses de grupos, de facciones, se sitúen por encima del interés general”. 

El abogado Gerardo Carrasco explicó que

“Legalmente, ningún oficio administrativo (ni emitido por el Consejo de Seguridad Nacional) puede anular amparos o suspensiones”. “Los jueces revisan a las autoridades administrativas, no al revés”, escribió el cofundador del Consejo Nacional de Litigio Estratégico en su cuenta de Twitter.

Si reanudan la obra con suspensiones vigentes, cometen un delito, finalizó.

Otro abogado, Daniel Torres expresó lo mismo

“Cuando un juez federal suspende definitivamente un obra, ningún oficio o declaratoria del Poder Ejecutivo puede levantar la suspensión y ordenar su reanudación. Noción básica de división de poderes”, mencionó en twitter.