La directora de la Asociación Origen, Giuliana Caccia, calificó de “muy peligroso” la aprobación e implementación de un nuevo protocolo para el voto de transexuales en las elecciones municipales y regionales del Perú, que se llevarán a cabo en octubre de 2022.

El 3 de mayo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el documento “Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la jornada electoral”, se trata de una actualización de la primera versión publicada en marzo de 2021.

De acuerdo con la directora, la aplicación de este protocolo provocaría una serie de escándalos políticos y mediáticos que buscarían incidir en cambios profundos en la legislación de nuestro país. El protocolo está elaborado para geberar las condiciones para que proliferen casos de discriminación contra la población LGTBIQ.

La líder profamilia dijo que, “con estas historias, fácilmente se genera el relato de que el Perú es un país homofóbico y que se requiere la promulgación de una serie de leyes que favorezcan el avance de esta agenda”.

Agregó que “lo más llamativo en este documento es que parecería haber sido redactado con tanto detalle sobre lo que serían actos de discriminación”, que cualquier persona “deberá pensar cinco veces cada cosa que dice o cada gesto que hace para salir librado de alguna denuncia”.

“Y no hablamos de una denuncia cualquiera. Es una denuncia penal pues se involucrará al Ministerio Público”, aseguró.

Caccia dijo que una denuncia podría darse, por ejemplo, si se “llama a una persona con el nombre consignado en el DNI, o lo lee en voz alta, y resulta que Juan ahora se viste como Juana, y el que lo llama para acercarse a votar no levantó la mirada y no se dio cuenta que Juan parece más Juana, es un acto discriminatorio”.

“Si tuvieran alguna duda sobre la identidad de la persona, el miembro de mesa debe verificar la identidad de la persona preguntándole cuál es el número de su DNI, su fecha de nacimiento y la dirección que consigna en su DNI, información que será corroborada con el DNI en físico. No puede realizar ninguna pregunta adicional respecto a sus datos”, explicó.

La directora de Origen cree que alguna autoridad con las competencias para fiscalizar a la ONPE, como el Congreso o el Jurado Nacional de Elecciones, “debería señalarle a dicho organismo que este protocolo está vulnerando el artículo 2, inciso 24 literal a) de la Constitución: ‘Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe’”.

“Un protocolo, claramente, no es una ley. Obligar a cumplir este protocolo, paradójicamente, sería una vulneración de la ley que podría inclusive ser causal de destitución del jefe de la ONPE”, aseguró.