Mediante el proyecto de ley , S470/A5499, la legislatura de Nueva York encarga al Comisionado de Salud que “realice un estudio y emita un informe que examine las necesidades de salud y recursos no satisfechas que enfrentan las mujeres embarazadas en Nueva York y el impacto de los centros de embarazo de servicio limitado”, es decir, centros que no no proporcionar abortos: “sobre la capacidad de las mujeres para obtener información precisa y no coercitiva sobre atención de la salud y acceso oportuno a una amplia gama de servicios de atención de la salud reproductiva y sexual en consonancia con sus necesidades de atención de la salud y que apoyen la toma de decisiones personales”.

El comisionado estaría facultado para obtener de los centros de embarazo una variedad de información sobre sus operaciones, incluido su estado fiscal y los subsidios gubernamentales que reciban. Luego, un grupo de trabajo temporal de nueve miembros haría “recomendaciones de soluciones para abordar cualquier brecha en el servicio o impacto negativo en el estado identificado a través del estudio”.

“Este proyecto de ley da poder al gobierno contra grupos cuyo único error es que no están de acuerdo con las posiciones políticas de los poderosos”, dice CompassCare Pregnancy Services, con sede en Nueva York . “Si los legisladores pueden conspirar para usar el poder del gobierno para apuntar a sus enemigos ideológicos, ¿se detendrá este error judicial con los centros de embarazo pro-vida?”

Se espera que la legislación de Nueva York sea promulgada por la gobernadora demócrata a favor del aborto Kathy Hochul, quien en el pasado prometió que el estado de Nueva York “iluminado” ayudará a las mujeres de otros estados que deseen abortar “de cualquier manera que podamos”.